CARACAS.- El gobierno de Venezuela denunció ayer que un grupo de civiles del partido opositor Voluntad Popular se quedó con parte del armamento de guerra robado por militares durante un breve alzamiento el lunes por la madrugada. El ministro de Información, Jorge Rodríguez, reveló en la televisión estatal que al menos 11 de los 51 fusiles no fueron recuperados al detener al grupo de insurgentes en una unidad militar en Caracas, apenas horas después de que divulgaran un video llamando a desconocer al presidente Nicolás Maduro. Según informó el funcionario, el armamento estaría en manos de un grupo de opositores que él asoció a Voluntad Popular, partido al que pertenece el actual presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Guaidó recibió el apoyo de decenas de países del continente y Europa tras declarar ilegítimo el nuevo mandato de Maduro y pedir el apoyo de las fuerzas armadas para iniciar una transición política.

“Confiesan algunos de los que robaron las armas el día de ayer que le fueron entregadas a civiles pertenecientes a las célula terrorista Voluntad Popular”, apuntó Rodríguez desde el palacio presidencial. “Las investigaciones iniciales indican que se va a intentar generar hechos de violencia en las manifestaciones opositoras”, previstas para mañana, agregó.

Portavoces de Voluntad Popular no respondieron de inmediato una solicitud de comentarios, mientras Guaidó y otros dirigentes de Voluntad Popular se encontraban en la sesión legislativa de cada martes.

El Parlamento llamó a los ciudadanos a regresar mañana a las calles en las principales ciudades del país para protestar contra Maduro y presionar por la repetición de elecciones presidenciales tras declarar que hubo fraude en la votación en la que se reeligió el mandatario socialista. También se movilizará el chavismo en una fecha que es emblemática en Venezuela desde que el 23 de enero de 1958 cayó la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez.

“Grupos radicales”

Como antesala a esas movilizaciones y desde hace más de una semana, los diputados han logrado reunir casi a diario a grupos descontentos con el gobierno en pequeñas manifestaciones que habían casi desaparecido desde la última ola de intensas manifestaciones de 2017 que dejaron fallecidos y heridos.

En medio de esos encuentros, el presidente del Congreso fue detenido brevemente por agentes de seguridad, lo que recibió la condena internacional. Según el gobierno, esos funcionarios actuaron por su cuenta y fueron destituidos.

Tras el arresto de los soldados que robaron armas y se movilizaron a un cuartel del barrio de Cotiza, a un kilómetro del palacio presidencial, hubo manifestaciones de vecinos en zonas populares cercanas que se prolongaron hasta la noche, pese a los gases lacrimógenos que usó la policía antidisturbios.

El ministro de Información aseguró que los grupos radicales opositores de Voluntad Popular tenían previsto asaltar el palacio presidencial junto a los uniformados alzados, pero “se acobardaron”, comentó.

Legitimidad

En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, rechazó ayer la última decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que ratifica la declaración de desacato contra la Asamblea Nacional, esgrimiendo que “no tiene más legitimidad que (Nicolás) Maduro”.

“La Asamblea Nacional sigue siendo el único órgano elegido democráticamente. El Tribunal Supremo de Justicia no tiene más legitimidad que Maduro”, ha escrito el jefe de la diplomacia estadounidense en su cuenta oficial de Twitter.

Con su declaración, Pompeo se refería a la resolución emitida el lunes por el TSJ en la que declara “nula” la decisión del Parlamento de definir a Maduro como un “usurpador” del cargo, arrogarse el Poder Ejecutivo y abogar por un gobierno de transición que guíe a Venezuela hacia unas elecciones democráticas.

La resolución judicial en realidad vino a ratificar lo que ya dijo el TSJ sobre la Asamblea Nacional en 2017, cuando determinó que estaba en “desacato” por no expulsar a tres diputados cuyo triunfo en las urnas había sido cuestionado por los tribunales electorales.

El choque institucional es síntoma de una crisis política que se agudizó el pasado 10 de enero, cuando Maduro inició un segundo mandato que la oposición y gran parte de la comunidad internacional no reconocen porque consideran que es fruto de un proceso electoral fraudulento que culminó con la votación del 20 de mayo.

A este respecto, Pompeo ha reiterado que Estados Unidos apoya “el llamamiento a todos los venezolanos a trabajar juntos de forma pacífica para restaurar el gobierno constitucional y la democracia” en la nación caribeña. (Europa Press-Télam)